Reforma laboral: qué falta para que el proyecto se convierta en ley

El tratamiento comenzará este viernes a las 10 en un plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Si el oficialismo logra repetir la mayoría obtenida semanas atrás —42 votos afirmativos contra 30 negativos— podría convocarse a una sesión el viernes 27 de febrero. Si allí se ratifican los cambios, la reforma quedará definitivamente sancionada.

El punto que se eliminó

La modificación introducida en Diputados suprimió el artículo 44, agregado por el Senado a último momento. Ese apartado establecía que, ante un accidente o enfermedad no vinculada al trabajo que impidiera prestar tareas, el empleado cobraría el 50% del salario por tres meses (o seis, si tenía personas a cargo), siempre que la imposibilidad no derivara de una actividad voluntaria que implicara riesgo para su salud.

Al eliminar ese artículo, el proyecto debe volver a la cámara de origen, tal como lo marca el procedimiento legislativo.

Los ejes centrales de la reforma

El texto aprobado incluye cambios estructurales en el régimen laboral:

Banco de horas: reemplaza el pago tradicional de horas extras por un sistema de compensación de jornadas, respetando 12 horas de descanso entre turnos y 35 horas semanales.

Indemnizaciones: se actualizan por inflación más un 3% anual y se excluyen del cálculo aguinaldo, vacaciones y otros adicionales.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): se crea un fondo integrado por un 3% del salario destinado a cubrir indemnizaciones. Las grandes empresas aportarán 1% (ampliable a 1,5%) y las pymes 2,5% (hasta 3%). Si no alcanza, el empleador deberá cubrir la diferencia.

Salarios: se habilitan esquemas ligados a mérito y productividad, pagos en pesos o moneda extranjera e incluso en especie.

Vacaciones: podrán dividirse en períodos de al menos siete días. En esquemas rotativos, cada trabajador deberá tener receso en verano al menos una vez cada tres años.

Servicios esenciales: amplía el listado (telecomunicaciones, salud, residuos, aeronáutica comercial, control portuario, aduana, migraciones y educación no universitaria) y exige un funcionamiento mínimo del 75% ante medidas de fuerza.

Blanqueo laboral: establece incentivos impositivos por cuatro años para nuevas contrataciones y abre un plazo de seis meses para regularizar empleados no registrados.

Fin de la ultraactividad: los convenios colectivos dejarán de prorrogarse automáticamente una vez vencidos.

INCAA: desde 2028 se financiará únicamente a través del Presupuesto nacional.

Plataformas digitales: regula derechos y obligaciones, exige seguro de salud —definido por acuerdo entre partes— y aclara que no implica relación de dependencia.

Asambleas: no podrán afectar el funcionamiento normal de la empresa, requerirán autorización previa y no generarán pago de salario durante su realización.

Debate político

La corrección introducida por el oficialismo —especialmente en el artículo vinculado a licencias por enfermedad— generó cuestionamientos de la oposición. Desde Unión por la Patria advirtieron que cualquier cambio obliga reglamentariamente a devolver el expediente al Senado, que deberá aceptar o rechazar las modificaciones antes de que el proyecto pueda transformarse en ley.

Mientras el oficialismo busca cerrar el proceso legislativo antes del 1° de marzo, la definición final vuelve a quedar en manos de la Cámara alta.